La inversión en Responsabilidad Social Corporativa en España es un asunto estratégico para cada vez más compañías. Así lo demuestra el V informe del impacto social de las empresas elaborado por SERES en colaboración con Deloitte, que permite analizar la evolución de las principales magnitudes e identificar la inversión en RSC en España.
Según sus datos, en 2017, las empresas e instituciones participantes en el informe invirtieron más de 846 millones de euros en sus actuaciones en RSC, lo que supone un incremento superior al 10% respecto a la cifra invertida en el año anterior.
El crecimiento de la Responsabilidad Social en España no es casual. Los ejemplos de empresas que ofrecen tanto resultados económicos como sociales han puesto de manifiesto que generar valor social es posible y se vislumbra como una oportunidad para generar resultados económicos, así como un impacto social positivo.
Del total invertido por las empresas participantes en el informe, gran parte de la inversión se concentra en España, en concreto el 55%. Esto supone una inversión total de 449 millones de euros en 2017 en iniciativas desarrolladas en nuestro país, con un impacto directo sobre 24 millones de beneficiarios.
Tracción económica de la RSC sobre el territorio
La vinculación al territorio de las políticas de RSC, o lo que es lo mismo, la capacidad de responder a los públicos de interés más cercanos ya sea a nivel nacional o local, es la apuesta más segura de las empresas para obtener beneficios tangibles de sus estrategias de RSC, así como para reforzar sus alianzas con otras instituciones que operen en el mismo ámbito.
Pero la tracción económica generada por estas empresas va más allá del gasto realizado en programas de RSC y proveedores del territorio nacional. El empleo directo que genera, por ejemplo, supone un gasto total de 84.706 millones de euros en sueldos y salarios, un gasto que a su vez incrementa la tracción económica gracias al consumo que realizan los hogares. Además, en 2017, las empresas participantes en el informe emplearon a 1.438.812 personas en España, el 6% de la población activa en España.
La inversión en RSC en las comunidades autónomas españolas
La RSC como multiplicador de la economía española no puede entenderse sin el papel de los gobiernos autonómicos, agentes de máxima relevancia en los procesos de implantación, promoción y difusión del concepto de RSC entre el tejido productivo y población local en sus respectivos territorios.
En España, varias comunidades autónomas han demostrado una gran implicación con este objetivo, desarrollando proyectos, observatorios e incluso legislación local, como es el caso de Extremadura y Galicia. Sin embargo, no hay un marco de referencia homogéneo, lo que dificulta el fomento de la RSC en otras comunidades y da a lugar a situaciones de desigualdad entre territorios.
El futuro de la inversión RSC en España: la estrategia española de Responsabilidad Social
Consciente del reto que supone impulsar la RSC en un entorno administrativo heterogéneo, el Gobierno de España ha aprobado la Estrategia Española de Responsabilidad Social de Empresas (EERSE), un documento de trabajo destinado a ser un marco común de referencia para homogeneizar las distintas actuaciones de RSC en España, tanto en el ámbito público como en el privado.
Esta estrategia, que contempla el 2020 como horizonte de implementación, es el resultado del trabajo coordinado de los cuatro grupos que componen el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (administraciones públicas, empresas, sindicatos y sociedad civil organizada), además de otros Ministerios, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, responsables de RSC de grandes empresas y expertos académicos.
Una dirección responsable, imprescindible para atraer inversores
Si bien el apoyo de las entidades públicas es, sin duda, muy relevante para la implementación de las políticas de RSC en España, el papel de la alta dirección empresarial es un factor imprescindible. En este sentido, el impulso de la estrategia de RSC desde los órganos de gobierno es un aspecto clave para catalizar una transformación organizacional y crear un impacto directo en sus profesionales, la sociedad y el entorno en el que esta empresa desarrolla su actividad.
El interés de la comunidad inversora por una dirección responsable de las compañías no ha parado de crecer en los últimos años. La nueva Ley de Información No Financiera y Diversidad no hace sino reforzar esto. La integración de criterios de sostenibilidad ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en la estrategia de valor de la empresa se refleja en una mejora de la eficiencia operativa, del valor de marca, del coste del capital y de la gestión del riesgo. Esto, a su vez, hace que estas empresas sean cada vez más atractivas desde la perspectiva del inversor a largo plazo.
