Hoy en día, es cada vez más frecuente que la responsabilidad social forme parte de la actividad de todo operador económico (ya se trate de un profesional o de una empresa). En el caso de la abogacía, el compromiso social ha estado siempre presente bajo una u otra forma.
La abogacía como profesión se perfila como garante de la igualdad y la justicia dentro de la colectividad
El Estatuto General de la Abogacía define el ejercicio de la profesión de abogado como un servicio “a la sociedad” que debe realizarse en “interés público” y que ve en la búsqueda de la justicia el fin supremo del jurista. Cada abogado actúa en defensa de los intereses de su cliente particular pero, “a nivel agregado”, la abogacía como profesión se perfila como garante de la igualdad y la justicia dentro de la colectividad.
Esta dimensión social se advierte, desde luego, en el llamado turno de oficio, institución plenamente integrada en nuestro ordenamiento, que persigue el acceso a la justicia de forma gratuita para quienes no pueden sufragarlo, garantizando así el derecho a la defensa de todos los ciudadanos de acuerdo con nuestra Constitución.
El ejercicio de la abogacía pro bono se realiza sin expectativa de remuneración económica a favor de personas o entidades de recursos limitados
Sin embargo, la necesidad de contar con asesoramiento jurídico se manifiesta en situaciones de lo más diversas que muchas veces escapan al ámbito del turno de oficio. Es en ese marco donde entra en juego un fenómeno de creciente importancia en el entorno jurídico como es el ejercicio de la abogacía pro bono. Su praxis es la que realiza un profesional sin expectativa de remuneración económica a favor de personas o entidades de recursos limitados o instituciones que asisten a este tipo de colectivos, o en defensa de derechos y libertades públicas que de otra manera podrían verse injustamente dañados.
Al igual que ocurre con otras facetas del ejercicio profesional, los abogados y despachos de países anglosajones son pioneros en la integración de la actividad pro bono dentro de su dinámica profesional habitual.
De manera paulatina, pero incesante, el ejercicio pro bono ha ido ganando peso y espacio en la estructura y funcionamiento de los despachos de abogados españoles. Ello sucede tanto en las grandes firmas que, siguiendo esta dinámica, organizan esta actividad en torno a Fundaciones, Comités de Acción Social y figuras similares, como en pequeños bufetes. De igual modo, la actividad pro bono es cada vez más común por parte de profesionales independientes.
Los abogados con su tiempo y esfuerzo pueden marcar la diferencia en la vida de muchas personas
Existen otras profesiones y empresas que pueden y deben contribuir a la sociedad, y de hecho muchas lo hacen con extensos programas de responsabilidad social corporativa. Sin embargo, los abogados tienen la gran ventaja de que simplemente con su tiempo y esfuerzo pueden marcar la diferencia en la vida de muchas personas sin fácil alternativa.
Se advierte como, después de todo, la palabra “abogado” puede hacer honor a su etimología en la que encontramos el término del latín ‘advocatus’, que significa “llamado en auxilio”. En este sentido, la posibilidad de poner su trabajo y conocimientos jurídicos al servicio de la sociedad debe suponer una de las mayores satisfacciones a las que puede aspirar un letrado, pues le acerca a ese fin supremo de justicia social que se atribuye a su profesión, y es sin duda en el contexto de la actividad pro bono donde, de forma más clara y directa, se puede cumplir tan loable y necesaria pretensión.
Es necesario ampliar el paradigma del ejercicio de la abogacía de manera que se afane en asistir y auxiliar a quien más lo necesita
Semejante compromiso social debe ser el motor para impulsar el ejercicio de la abogacía pro bono en España. Una praxis en permanente, pero serena alerta, siempre dispuesta a detectar y dar respuesta a las situaciones de mayor apuro que, lamentablemente, son cada vez más frecuentes y cercanas como consecuencia de la crisis que ha azotado a nuestro país en estos años. Se hace insoslayable la exigencia, si no de cambiar, sí de ampliar el paradigma del ejercicio de la profesión de la abogacía de manera que se afane en asistir y auxiliar a quien más lo necesita. Aquí en España y ahora.